Por Arantxa García- InspirAction

Los pueblos indígenas y quilombolas de Oriximiná (región de Pará) en la Amazonía brasileña llevan casi 15 años reclamando la titularidad de las tierras en las que viven, según queda recogido en la Constitución brasileña de 1988. Sin embargo, las políticas  gubernamentales favorecen la expansión sin freno de explotaciones mineras y madereras en lugar de defender el derecho a la tierra y al agua. Los quilombolas intentan frenar la ocupación de sus territorios por parte de la empresa Mineração Rio Norte (MNR), la mayor productora de bauxita en Brasil, que abastece de aluminio a los mercados de Europa, Estados Unidos, Canadá y China.

Los indígenas defienden su tierra

Las mujeres quilombolas están en la vanguardia de la reivindicación. FOTO INSPIRACTION

En el municipio de Oriximiná, la minería se ha convertido en una maldición para las comunidades locales, los bosques y el agua. “Necesitamos la titularidad de nuestras tierras porque es la única manera de frenar la invasión de la industria minera y maderera. Entran en nuestros territorios sin consultarnos y deforestan todo” señala Aluízio Silvério dos Santos, líder de una asociación que representa a cerca de 1.500 quilombolas en la comunidad de Alto Trombetas. A sus 66 años, tiene claro que la defensa de su territorio está por encima de todo: “No se vende ni se negocia, porque la naturaleza es la madre”. En las 37 comunidades quilombolas de Oriximiná viven alrededor de 10.000 personas.

Quilombola, en Brasil, se usa para referirse a los descendientes de las poblaciones negras que, traídas forzosamente de África, no aceptaron la esclavitud en las haciendas brasileñas y buscaron una vida en libertad en comunidades alejadas y escondidas, los quilombos. El derecho de estos pueblos a la propiedad de las tierras en las que viven fue reconocido por la Constitución del 1988 promulgada tras la caída de la dictadura. Debería haber sido el fin de una larga trayectoria de persecución e invisibilidad pero la realidad es bien distinta: de las 3.000 comunidades quilombolas que viven en Brasil, tan sólo el 6% ostenta derechos sobre las tierras en las que habitan.

Los quilombolas tuvieron que esperar hasta 1995 para obtener el primer título de propiedad de sus tierras y posteriormente se han reconocido otros cuatro territorios, 380.000 hectáreas de selva amazónica que representan un área más grande que Luxemburgo. Sin embargo, quedan aún otros cuatro territorios a la espera de titulación, cuyos intereses entran en conflicto con los de la empresa MNR que también reclama esos espacios para seguir desarrollando sus actividades mineras.

Desde 2003, la responsabilidad de proceder a la titulación y regularización de estas tierras es del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). A pesar de las movilizaciones de los quilombolas reclamando sus derechos y la intervención de la fiscalía (Ministerio Público Federal) para acelerar los trámites, el Gobierno sigue dilatando al máximo los procesos. “La tierra que está titulada cuenta con el respeto del gobierno, lo que implica que todo lo que se vaya a hacer en ese espacio debe ser concertado antes con la comunidad. Si no existe esa titularidad, el gobierno da permisos para que se haga cualquier cosa”, apunta Francisco Hugo de Souza, de 51 años, presidente de la Cooperativa Mixta Extractivista de los Quilombolas de la Municipalidad de Oriximiná, que reúne a familias campesinas de la región. En el caso de las tierras quilombolas de Oriximiná, “cualquier cosa” tiene nombre: extracción de bauxita.

Minería Río del Norte (MNR) es la mayor explotadora de minas de bauxita en Brasil con 18 millones de toneladas anuales -casi la mitad de la producción nacional- y está entre las cuatro mayores productoras a nivel mundial. Según datos de la propia compañía, en 2015 el 51% de la bauxita extraída en Oriximiná se envió en estado bruto al exterior para ser transformada en aluminio. Otra parte se envió a plantas en el mismo Brasil, también para ser transformada en aluminio y posteriormente exportada. China, Estados Unidos, Canadá y Europa son los principales destinos del mineral. Este aluminio, sumamente atractivo por su versatilidad, se utiliza para fabricar aviones, coches, trenes, cables de alimentación, latas, cubiertos, utensilios de cocina… y deja detrás un reguero de violaciones de derechos sociales y ambientales.

Los indígenas defendiendo su tierra

Los indígenas reivindican el derecho a sus recursos naturales. FOTO INSPIRACTION

Mientras el proceso de delimitación y titularidad de las tierras demandadas por los quilombolas sigue estancado, el Gobierno sí toma decisiones con gran rapidez cuando se trata de atender las demandas de MNR para expandir sus áreas de extracción. En 2013, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) concedió a la empresa la licencia ambiental necesaria para la explotación del yacimiento Monte Blanco, otro punto de concentración de bauxita en la región, ignorando por completo los derechos de los quilombolas. La concesión se realizó sin consulta previa y sin planes de mitigación o indemnización, a pesar de que el área estaba dentro del territorio de las comunidades y en ella llevaban a cabo labores de extracción del aceite de copaiba. Las concesiones actuales que tiene MNR se agotan en el 2023, lo que hace crecer la presión económica por nuevas licencias de explotación. Los quilombolas exigen una moratoria para que no se conceda ninguna licencia más de explotación hasta que el proceso de titulación de las tierras concluya.

Según la antropóloga Lúcia Andrade, coordinadora de la organización brasileña Comissão Pró-Índio (CPI), que actúa en Oriximiná con el apoyo de la ONG InspirAction/C-Aid, en la región existe una disputa territorial desigual, resultado de actividades que no pueden coexistir. “Se trata de actividades irreconciliables. La extracción de bauxita genera impactos ambientales a gran escala y supone la completa destrucción de la selva, cuyos recursos garantizan la subsistencia de los quilombolas. El Gobierno federal no ha sido eficaz al garantizar y promocionar los derechos de los quilombolas”, concluye Andrade.

Minería, ¿beneficios para quién?

 Las comunidades Quilombolas son las primeras en sufrir las consecuencias de las actividades de las empresas mineras, pero lo que le pase a la selva amazónica tendrá un impacto a nivel global. A pesar de la desorbitada expansión de la minería en la zona, no hay evaluaciones de riesgo, la regulación es frágil e insuficiente y, lo peor de todo, no hay planes de emergencia o de evacuación para las comunidades en el caso de que estalle una represa.

En noviembre de 2015, una presa minera se derrumbó en el municipio de Mariana (Minas Gerais), situado al sureste del país. La rotura de un dique provocó un derrame de 35.000 millones de litros de lodo tóxico sobre el río Doce, destrozando el poblado de Bento Rodrigues y provocando la muerte de 19 personas. Además, contaminó 650 kilómetros de recorrido fluvial. El colapso de la presa y los deslizamientos de tierra provocaron que fuese considerada la peor catástrofe ambiental de la historia del país. Por si fuera poco, el pasado mes de agosto, la justicia decidió suspender el proceso penal contra los 22 acusados de este desastre, los directivos de la empresa dueña de la balsa que originó el desastre (Samarco) y sus propietarias, la brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton.

Lo que sucedió en Mariana podría ocurrir también en Oriximiná con graves consecuencias para las comunidades quilombolas que viven muy cerca de las inmensas explotaciones mineras. “Existe una completa falta de transparencia o sistemas eficaces de seguimiento y soluciones alternativas para la eliminación de los residuos mineros”, señala la antropóloga Andrade. A falta de datos, CPI realiza investigaciones y análisis en forma de fotografías aéreas y mapeo para mostrar los impactos de la minería sobre las comunidades quilombolas e informar a las comunidades afectadas de las actividades y sus riesgos.

El actual presidente Michel Temer apuesta claramente por un modelo extractivista: el pasado 23 de agosto, a golpe de decreto, decidió retirar la designación de área protegida a la Reserva Nacional de Cobre (RECA), una superficie de gran valor natural, con una extensión mayor a la de Dinamarca, en la que estaba prohibida la actividad minera desde 1984. Una medida que supone una grave amenaza para dos reservas indígenas, un parque nacional, dos bosques protegidos y cuatro reservas ecológicas… Aunque la decisión del gobierno Federal ha sido recurrida y será la justicia quien decida si se ha excedido en sus atribuciones, las intenciones de Temer son claras: subastar la Amazonía al mejor postor sin tener en cuenta los derechos de las comunidades locales, ni los graves impactos ambientales.

La deforestación en Brasil ha sufrido un repunte en los últimos años: cada hora, desaparece el equivalente a 128 campos de fútbol de selva. Entre agosto de 2015 y julio de 2016 se perdieron casi 8.000 kilómetros cuadrados de selva, casi un 30% más que en el periodo anterior. Temer ha recortado los presupuestos de agencias que supervisan el cumplimiento de las leyes ambientales y combaten la tala ilegal. También ha eliminado prácticamente el presupuesto destinado a  la agencia encargada de la protección de los derechos de las comunidades indígenas, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

“El dinero es el que manda. Tenemos dificultades para organizarnos y cuando ya parece que fuéramos todos a una, llega la minera, ofrece trabajo a las comunidades y les convence de lo bueno de su proyecto. Esto ha pasado muchas veces”, señala Ari Carlos Printes, coordinador de la Asociación Mãe Domingas. Hoy por hoy, entre los quilombolas hay quienes quieren impedir la explotación de nuevas áreas, los que aceptan la indemnización a cambio de permitir la entrada de la minera y los que están en contra de cualquier iniciativa que pueda molestar la vida de la empresa.

Según MRN, entre un 80 y un 90% de los trabajadores empleados en sus plantas son de la propia región de Pará. En general, ocupan puestos con bajos salarios; en el caso de los quilombolas acaban ocupando puestos que no exigen ninguna especialización o formación académica, con sueldos que apenas llegan al mínimo exigido por la legislación brasileña. La minera tiene una estrategia muy efectiva para dividir y conquistar a las personas que viven en los territorios. No solo con empleos consiguen convencer, también mantienen relaciones con cooperativas, asociaciones comunitarias, alcaldías y con el gobierno del Pará a cambio de ofrecer atención médica y dentaria, educación, asistencia técnica rural.

 

Aumentan los asesinatos y las amenazas contra defensores del medio ambiente

Cada semana una media de cuatro ecologistas, dirigentes indígenas o guardas forestales mueren por causas violentas. En lo que llevamos de año ya se han confirmado hasta 127 asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente. Brasil es el país que más asesinatos ha sufrido, 132 desde 2015, como consecuencia de las disputas por los recursos naturales de la Amazonía.

Según datos recopilados por Global Witness, América Latina es la región más peligrosa, donde más ambientalistas han sido amenazadas, acosadas, asesinadas y cuyas muertes han quedado impunes. Además, evidencia cómo la minería es el sector más agresivo, provocando la muerte de más de 33 personas por su oposición a proyectos mineros y oleoductos. Asimismo, el informe resalta que la mayoría de víctimas son indígenas, siendo uno de los grupos más vulnerables.

Los grupos indígenas en Brasil sufren amenazas de muerte, abusos de autoridad e incluso asesinatos ante la escasa protección por parte de las autoridades por el aumento de la violencia relacionada con los conflictos por la tierra. A pesar del trabajo de acompañamiento a estos activistas que llevan a cabo numerosas ONG, sufren en general una gran desprotección por parte de sus gobiernos y de la comunidad internacional.

También es fundamental que los inversores extranjeros y las instituciones financieras internacionales garanticen que todas las inversiones realizadas respetan los derechos humanos de las poblaciones locales.