Berta Zúñiga Cáceres no se parece físicamente a su madre, la activista hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, en el occidente del país centroamericano. En el momento del asesinato Cáceres se encontraba acompañada por el dirigente social mexicano Gustavo Castro, que resultó herido en el asalto.

La hija de Berta Cáceres visitó recientemente Madrid para denunciar la impunidad en Honduras.

Foto. J.I. Igartua

Esta joven de 25 años no tiene la fuerte complexión de su progenitora. Sin embargo, sí ha heredado su energía en la lucha por la defensa de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, pisoteados a diario por un Estado, cuya calidad democrática deja mucho que desear. Desde la muerte de su madre no ha dejado de reclamar –junto a sus hermanas Olivia y Laura y su hermano Salvador- una investigación independiente. Todos ellos desean que se haga justicia con quienes han participado en el brutal asesinato de esta mujer que en los últimos tiempos se había opuesto a la construcción de la represa Agua Zarca, en el río Gualcarque, cuyo cauce es considerado sagrado por la etnia lenca.

Recientemente, junto a Rosalina Domínguez, dirigente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fundado hace 23 años por Berta Cáceres, Zúñiga ha realizado una gira por Bélgica (visita al Parlamento Europeo), Holanda, Finlandia y España. Su objetivo: buscar apoyo internacional y dar visibilidad al proceso “para llegar a la verdad sobre el asesinato de mi mami. Este crimen no puede quedar impune, como tantos en Honduras. Exigimos una investigación transparente e independiente”.

Cuatro detenidos

Hasta el momento hay cuatro imputados: Edilson Duarte; Mariano Díaz, mayor e instructor de la Policía Militar; Douglas Bustillo, ex teniente del Ejército hondureño y Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente de temas sociales y medioambientales de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa que está construyendo la represa. Los cuatro detenidos se encuentran encarcelados en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en Támara, una prisión sobresaturada, en la que se han producido varias fugas y en la que no son raras las muertes violentas por enfrentamientos entre los reclusos.

Berta Zúñiga manifestó a alandar: “Nos hemos enterado de las detenciones por la prensa ya que, desde el principio, se nos ha excluido del proceso de investigación. Creemos sinceramente que son un logro de la presión internacional. Las personas detenidas evidencian la responsabilidad del Estado hondureño en la muerte de mi mami”.

[quote_right]Rosalina Domínguez: “No dejaremos nunca la lucha porque Berta nos ha dejado el legado de su valentía y es la guardiana de nuestros ríos”[/quote_right]

Efectivamente, el hecho es que hay un militar en activo y otro que lo fue –Douglas Bustillo-, que en su momento fue responsable de seguridad de DESA y que hace tiempo había sido denunciado por amenazas y extorsión por parte de Berta Cáceres. Su hija denuncia que “el Estado no le prestó la protección necesaria en estos casos”. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, manifestó que la muerte de Berta Cáceres “es un asesinato para todo Honduras” y en un mensaje a la nación aseguró que “todos los cuerpos de seguridad del Estado tienen la orden de dar con los autores del crimen y capturarlos”. Asimismo, informó que los Estados Unidos estaban ayudando en la investigación e invitó a otros países a sumarse en la resolución del caso. Lo cierto es que posteriormente Hernández no ha manifestado absolutamente nada, aun cuando está implicado un miembro del Ejército, hecho que  implica al Estado y a él personalmente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Berta Zúñiga está convencida de que en la autoría intelectual del asesinato de su madre “hay implicada gente importante”, pero que está siendo protegida por el aparato estatal. Según medios hondureños, se sospecha de un vicealcalde y un miembro del Congreso Nacional, pero al cierre de este número no se había inculpado a más personas. También se ha informado de que se pagaron 500.000 lempiras (algo más de 19.000 euros) a los sicarios para asesinar a la líder medioambientalista.

Financiación internacional

Otra de las reivindicaciones de Berta Zúñiga y de COPINH es la paralización de los trabajos de Agua Zarca y la suspensión del contrato de DESA. También la suspensión de la financiación de la obra, en la que participan el Banco de Desarrollo Holandés (FMO, siglas en neerlandés) y FinnFund (Fondo de Inversiones Finlandés) quienes, de momento, han suspendido las inversiones en Honduras, aunque no han formulado la cancelación definitiva, pese a la entrevista que Zúñiga mantuvo con dirigentes de ambas entidades en Amsterdam y Helsinki, respectivamente. Asimismo, ha pedido que acaben las aportaciones que está haciendo el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Por su parte, Rosalina Domínguez quiso dejar muy claro que la muerte de Berta Cáceres, como las de otros cinco compañeros de COPINH, no ha sido en balde, “aunque sí muy duro para nosotros, porque siempre nos apoyó en nuestras reivindicaciones cuando han violando nuestros derechos en nuestro propio territorio”. Rosalina, con un nudo en la garganta, pero con firmeza, asegura que “no dejaremos nunca la lucha porque Berta nos ha dejado el legado de su valentía y sabemos que es la guardiana de nuestros ríos y nuestras tradiciones”.

Una lucha que va ser larga y dura teniendo en cuenta que, desde el año 2009, cuando se produjo el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, se han hecho 240 concesiones para explotaciones mineras e hidroeléctricas, muchas de ellas en territorio lenca. En estos últimos siete años, en Honduras han sido asesinados más de un centenar de campesinos por reivindicar su derecho a la tierra, así como un número similar de activistas de derechos humanos, decenas de abogados y unos 30 periodistas.

En este sentido, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, formada por 15 parlamentarios, juristas y representantes de organizaciones civiles, presente en Honduras entre el 17 y el 21 de marzo, ha puesto de manifiesto la debilidad del Estado de Derecho en Honduras , “con la ausencia del más mínimo respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos, sin la voluntad política necesaria para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos que han convertido el país en el más peligroso del mundo”.